Durante décadas se ha repetido que Estados Unidos es una democracia blindada, protegida por una Constitución casi sagrada, la separación de poderes y una prensa libre. Desde una perspectiva colapsista, esta creencia es una ilusión peligrosa. Ningún sistema político es inmune al deterioro, y cuando una civilización entra en fase de declive energético, económico y social, las formas de gobierno dejan de ser estables.

Donald Trump no sería la causa de una posible deriva autoritaria, sino el síntoma visible de un sistema que ya no consigue sostener sus propias promesas. Si alguien quisiera —o pudiera— transformarse en una figura de poder casi imperial en EE. UU., el proceso no pasaría por un golpe militar clásico, sino por una degradación progresiva del sistema, mayoritariamente legal, acompañada de zonas crecientes de impunidad.

1. Crear un enemigo interno permanente

El primer paso es dividir a la sociedad en dos bloques irreconciliables: nosotros y ellos. El enemigo no tiene por qué ser externo; funciona mejor cuando es interno, difuso y omnipresente: inmigrantes, antifas, ecologistas, comunistas, periodistas, jueces, científicos, funcionarios o cualquier grupo presentado como ajeno a la “nación real”.

Esta narrativa no busca convencer, sino agotarlo todo. Cuando la población vive en sensación constante de asedio, aceptar medidas excepcionales se vuelve normal y las reglas dejan de parecer suficientes.

2. Deslegitimar las elecciones sin abolirlas: votar sigue existiendo, elegir deja de importar

Las dictaduras modernas rara vez eliminan las elecciones. Lo que hacen es convertirlas en un ritual vacío, donde el resultado solo es aceptable si coincide con el del líder. Todo lo demás pasa a ser considerado fraude, sabotaje o traición.

Donald Trump ofreció un ejemplo claro de este mecanismo al cuestionar sistemáticamente cualquier resultado electoral que no le favoreciera. No fue un episodio aislado ni fruto de una derrota concreta: ya antes de las elecciones de 2016 afirmó que solo perdería si había fraude, y repitió exactamente el mismo esquema en 2020.

Desde una lógica colapsista, lo relevante no es si hubo o no fraude —algo que los tribunales no avalaron—, sino el efecto político de la narrativa: millones de personas dejaron de creer en el sistema electoral. A partir de ese momento, la democracia estadounidense entró en una fase peligrosa: la legitimidad dejó de depender de las instituciones y pasó a depender de la voluntad del líder.

Este planteamiento no busca demostrar nada, sino crear una sospecha permanente. Cada elección futura queda bajo sospecha antes incluso de celebrarse. La democracia se convierte en una farsa repetida.

En este contexto, la posibilidad de volver a presentarse indefinidamente deja de ser un problema legal y pasa a ser un problema narrativo. La Constitución estadounidense establece límites claros a los mandatos presidenciales, pero las democracias en colapso no rompen las reglas de golpe: las reinterpretan, las erosionan o las rodean.

El paso no sería abolir la Enmienda 22, sino cuestionar su legitimidad en nombre de una “voluntad popular traicionada”, alegar situaciones excepcionales, estados de emergencia o incluso sostener que mandatos “robados” no cuentan como mandatos reales. La ley sigue ahí, pero se presenta como injusta, manipulada o ilegítima. Otra opción que tiene Trump es re interpretar la ley para que no impida dos legislaturas no consecutivas.

Desde una perspectiva colapsista, esto es clave: cuando una parte importante de la población acepta que las reglas solo valen si favorecen a “su” candidato, la democracia deja de ser un sistema compartido y se convierte en una guerra de relatos.

3. Vaciar el Estado desde dentro: purgas administrativas disfrazadas de austeridad

Una de las vías más eficaces —y menos visibles— para concentrar poder es desmantelar la administración pública sin abolirla formalmente. Bajo el discurso de reducir gastos, combatir la corrupción o eliminar burócratas “inútiles”, se ha iniciado una caza de brujas interna.

Auditorías selectivas, despidos por “eficiencia”, no renovaciones de contratos, traslados forzosos o degradaciones administrativas permiten realizar una purga silenciosa. El mensaje es claro: la supervivencia profesional depende de la lealtad política, no de la competencia.

El Estado sigue funcionando, pero deja de ser un contrapeso técnico. Se vuelve temeroso, obediente e incompetente, justo cuando más complejidad necesitaría gestionar.

4. Colonizar el poder judicial y los contrapesos institucionales

No es necesario eliminar tribunales ni parlamentos. Basta con llenarlos de leales: personas que no entiendan su cargo como un límite al poder, sino como parte de una misión política o moral.

La separación de poderes sobrevive en la forma, pero no en el fondo. Las instituciones siguen ahí, pero ya no frenan nada.

5. Usar la legalidad como arma

El autoritarismo moderno no actúa fuera de la ley, sino a través de ella. Estados de emergencia, decretos ejecutivos, reinterpretaciones constitucionales y vacíos legales permiten concentrar poder sin declarar formalmente una dictadura.

Todo se hace “por seguridad”, “por estabilidad”, “por el bien del país”. El lenguaje es técnico, administrativo, frío. Precisamente por eso resulta tan eficaz: nadie siente que el sistema haya caído, aunque ya no proteja a todos por igual.

6. Convertir a una agencia estatal en fuerza coercitiva de facto: ICE y la zona gris del poder

En las fases avanzadas de degradación democrática, la violencia no siempre se externaliza a milicias civiles. A veces ocurre algo más peligroso: una agencia del propio Estado es empujada fuera de su marco normal y convertida en una fuerza de choque con amplios márgenes de impunidad.

En el contexto estadounidense, ICE (Immigration and Customs Enforcement) es especialmente vulnerable a este proceso. Su misión se sitúa en una zona de alta tensión política, actúa contra un colectivo previamente señalado como enemigo interno y opera, en muchos casos, lejos del foco cotidiano de la opinión pública.

El paso clave no es crear una nueva fuerza, sino reinterpretar su función. Bajo discursos de “emergencia migratoria”, “seguridad nacional” o “defensa de fronteras”, ICE puede pasar de ser un cuerpo administrativo-policial a funcionar como milicia estatal de facto:

• operaciones cada vez más opacas
• identificación confusa o inexistente
• escasa rendición de cuentas
• investigaciones internas lentas o ineficaces
• respaldo político explícito desde el poder ejecutivo

En este escenario no hace falta una orden escrita para abusar. Basta con establecer un clima donde todo está justificado y donde las consecuencias legales simplemente no llegan. La ley sigue existiendo, pero deja de ser universal.

Desde una perspectiva colapsista, este punto marca un umbral crítico: cuando una agencia estatal actúa como fuerza intimidatoria contra un enemigo interno, el Estado de derecho deja de basarse en normas y pasa a depender de la voluntad del poder.

No hace falta declarar un estado policial. Basta con que ciertas personas sepan que pueden ser detenidas, trasladadas, expulsadas o borradas del espacio público sin que nadie pregunte demasiado.

7. Extender el control al continente: deuda, presión política y coerción selectiva

Toda deriva imperial necesita asegurar su patio trasero. En el caso de Estados Unidos, el continente americano ha sido históricamente tratado como una zona de influencia prioritaria, donde la soberanía de los países vecinos es condicional

Un paso clave en la consolidación de un poder casi imperial en Estados Unidos no consistiría únicamente en cambios domésticos, sino en expandir la influencia sobre gobiernos vecinos mediante una mezcla de presión económica, endeudamiento y, en casos extremos, operaciones coercitivas contra líderes que se resistan.

Un ejemplo reciente y drástico de este tipo de enfoque es la operación militar lanzada por EE. UU. en Venezuela en principios de 2026, donde las fuerzas estadounidenses capturaron por la fuerza al presidente Nicolás Maduro y lo trasladaron a territorio estadounidense, tras acusarlo de narcotráfico y corrigiendo un liderazgo que Washington consideraba hostil y afín a potencias rivales como China y Rusia.

Este episodio muestra varios elementos:

• uso de coerción militar directa para influir en la política interna de un país soberano
• captura e incapacitación del líder legalmente electo
• justificaciones políticas presentadas como defensa de la seguridad hemisférica
• posicionamiento de Estados Unidos como árbitro regional indiscutido bajo un reinterpretado marco de la Doctrina Monroe ampliada por intereses contemporáneos.

Además de acciones directas como esta, otro vector de control menos visible pero igualmente significativo es la presión financiera y la manipulación de deuda externa. Países de América Latina que dependen de créditos, líneas de liquidez o rescates emitidos por instituciones vinculadas a Washington se encuentran en una relación de dependencia que les limita la soberanía de facto. En Argentina, por ejemplo, una línea de crédito estadounidense de decenas de miles de millones fue clave para estabilizar el mercado antes de unas elecciones importantes, algo que generó una narrativa de influencia financiera directa de EE. UU. sobre la política interna de ese país.

Cuando la deuda o la liquidez internacional dependen de una potencia externa, el país receptor está en posición de ceder decisiones soberanas a cambio de apoyo económico, o incluso de ver su liderazgo interno comprometido si no sigue la agenda del acreedor.

En el escenario hipotético de una transformación autoritaria, esta dinámica de control regional tiene dos funciones complementarias:

• Dominar el continente económica y políticamente, reduciendo la capacidad de gobiernos vecinos de actuar de manera independiente.
• Enviar un mensaje interno: incluso países soberanos pueden ser “arreglados” por el poder central si se oponen al orden deseado, lo que refuerza la narrativa de que solo un poder fuerte puede proteger a la nación contra amenazas externas o internas.

Desde una perspectiva colapsista, este punto marca un umbral crítico: cuando una potencia empieza a usar recursos financieros, deuda y operaciones directas para reconfigurar gobiernos en su entorno, ya no se trata solo de influencia, sino de dominio estructural.

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8. Convertir al líder en símbolo, no en gobernante

El último paso no es proclamarse emperador, sino algo más eficaz: convertirse en mito. El líder deja de ser evaluado por sus decisiones y pasa a representar a la “nación auténtica”.

Cualquier crítica se interpreta como traición. La democracia no muere con un golpe de Estado, sino entre aplausos, banderas y consignas.